sociedad ha sido víctima, pero también ha sido partícipe en la confrontación: la anuencia, el silencio, el respaldo y la indiferencia deben ser motivo de reflexión colectiva”.

No obstante, esta extensión de responsabilidades a la sociedad no supone que estas se disuel-

van en un “todos somos culpables”. La reconciliación o el reencuentro que todos anhelamos no se pueden fundar sobre la distorsión, el ocultamiento y el olvido. El esclarecimiento de lo que ha ocurrido durante la guerra es un requerimiento político y ético que nos compete a todos.

El informe es un momento, una voz, en la concurrida audiencia de los diálogos de memoria

que se han venido realizando en las últimas décadas. Es el “¡Basta ya!” de una sociedad agobiada por su pasado, pero esperanzada en su porvenir.

Los desastres que medio siglo de guerra han dejado en Colombia han sido hasta ahora poco

visibles. Muertes, destierros, destrucción y profundos dolores humanos son el legado que dejan los actores armados.

La magnitud de los daños que ha producido el conflicto armado se confunde con las otras múl-

tiples violencias que vive nuestra sociedad. Sin embargo, la guerra ha sido estremecedora, y tanto su larga permanencia entre nosotros como su degradación merecen una reflexión.

Basta con decir que entre 1958 y el 2012 murieron 220.000 personas como consecuencia del

conflicto armado. Esto equivale a toda la población de una ciudad como Sincelejo o Popayán. Esta cifra también permite confirmar que una de cada tres muertes violentas del país la produce la guerra y que, durante cinco décadas, en promedio, todos los días murieron 11 personas por esta causa.

Lo más grave es que 180.000 de esos muertos (el 81%) eran civiles. La guerra colombiana no ha sido una guerra de combatientes, sino que todos han enfilado sus fusiles contra quienes están desarma-dos. A veces de manera colectiva, con masacres, pero la mayor parte del tiempo de manera selectiva a través de sicarios o comandos que actúan rápido y casi siempre sin dejar huella.

Todos los grupos armados han justificado estos crímenes señalando a los civiles como prolon-

gación del enemigo. “Pueblo guerrillero”, “pueblo paraco” “guerrillero de civil” son algunas de las frases con las que justifican sus incursiones y acciones violentas y con las que estigmatizan a la gente.

Matar, desterrar, secuestrar, violar y, en todo caso, aterrorizar a los civiles no ha sido un acci-

dente del conflicto, ni un daño colateral imprevisto. Ha sido parte de las estrategias de los grupos en su competencia por controlar los territorios, las actividades económicas que allí se desarrollan o ganar una ventaja en la guerra. La violencia ha sido más brutal cuando el grupo armado llega al sitio que quiere dominar. Casi siempre su irrupción se da a sangre y fuego, y cuando logran un relativo control, la violencia se vuelve más selectiva, de baja intensidad. Aunque los colombianos han conocido los hechos más atroces de la guerra, el grueso de sus episodios, pequeños y aislados, ha pasado inadvertido para la mayoría. Esto ocurrió, en un principio, porque las instituciones empezaron muy tarde la tarea de tomar nota sobre los múltiples horrores que estaban pasando en las zonas de conflicto, o bien por incapacidad o por falta de voluntad política.