impunidad en el empeño de aplicarles un castigo ejemplar a los responsables de un periodo muy oscuro en la historia del país… Ocho años después de esa extradición de capos, sigue siendo una buena pregunta por qué, aparte de la incapacidad estatal de controlar sus crímenes desde prisión, no fue lo más importante que confesaran aquí sus delitos y sus conexiones, al igual que los encargos que le hicieron desde la clase dirigente. También es válida la inquietud de por qué el sistema de justicia norteamericano inclina la balanza con tanta ventaja para grandes criminales y narcos, mientras que para pequeñas mulas la sentencia es la que merecían los peces gordos”(13).

La respuesta a esta última pregunta es clara, siendo estos capos objetivos de alto valor para su cru-

zada contra el narcotráfico, más no contra el consumo, frente al cual tienen una conducta permisiva, lo que les importa a ellos es la delación que les permita identificar rutas y responsables de la cadena delictiva del narcotráfico. Poco o nada les importa la suerte que corrieron “las 677 mujeres violadas, las 1.597 masacres, los 3.527 secuestros, 3.557 menores reclutados, 34.467 desapariciones, 74.990 desplazados y 173.183 homicidios en apenas diez años”(14) de los que da cuenta la Fiscalía General de la Nación.

QUE NO CUNDA EL PÁNICO

Se ha tratado también de asustar a los empresarios del campo, especialmente, con una supuesta

cacería de brujas que se desataría con la puesta en marcha de esta Justicia Transicional. El Presidente de FEDEGAN José Felix Lafaurie, sin fundamento alguno, afirmó que “no puede ser posible que la Justicia Especial para la Paz se convierta en impunidad para estos criminales de las FARC y grupos armados y por el contrario cárcel para los ganaderos y empresarios del país, que, en el fondo, han sido, por 20 o 30 años, las primeras víctimas del conflicto armado”(15). Claro que no puede ser, ni más faltaba, ello no tiene ni pies ni cabeza y mucho menos asidero en los términos del Acuerdo final. Al contrario sensu de lo que se imagina Lafaurie, la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado en varios fallos que la extorsión —es decir la coacción— no exime de responsabilidad a la víctima. En el Tribunal especial de la Justicia Transicional, al contrario, la coacción exime automáticamente de toda responsabilidad a la víctima. Así las cosas, ¿será que los ganaderos a los que él representan tienen más garantía en la Justicia ordinaria que en la Justicia Transicional? Quien nada debe nada teme!

Y DE LA ELEGIBILIDAD QUÉ

Con lo que ha dado en llamar “elegibilidad” de los jefes de las FARC se ha armado una tempestad en

un vaso de agua por parte del Centro Democrático en su afán de aupar la campaña del NO en el Plebiscito. Afirma el ex presidente Alvaro Uribe, refiriéndose a las negociaciones en La Habana, que “este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces”(16), que ya vimos que ello es falso y a renglón seguido añade que se “premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos, ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura”(17).

Cómo contrasta esta posición del ex presidente Uribe con la sumida enantes, cuando planteó que

“si un Acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy el ordenamiento jurídico prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Entonces, en un Acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria”(18). Qué ha llevado, entonces, a cambiar de opinión al ex presidente Uribe, por qué lo que se podía y se debía hacer cuando él fue Presidente de la República “por el bien de la patria”, ahora resulta pecaminoso y allana el camino para que Colombia sucumba al engendro del fantasmagórico “castrochavismo”.

Además, en Colombia ya hay antecedentes de “elegibilidad”, como la que se le otorgó a los integran-

tes del M – 19 cuando este movimiento depuso las armas, se desmovilizó y se reintegró a la sociedad civil y se pudieron elegir no sólo al Congreso de la República(19), sino también como delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, alcanzando a elegir 19 de ellos. Antonio Navarro, uno de sus dirigentes compartió la Presidencia de la Constituyente con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe. Pues bien, esa Constituyente le dio a los colombianos una nueva Constitución en 1991 y de ella hicieron parte quienes pasaron directamente del monte a hacer parte de ella y que se sepa nadie se desgarró las vestiduras por ello. Ella el precio, que no el “premio” por alcanzar la paz.

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