Apreciados amigos conservadores:

La corrupción es uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad colombiana. Esto se debe

en parte a que no ha sido identificada como una problemática estructural que requiere la articulación de una política pública conjunta en materia política, electoral y judicial. Aunque el Gobierno se ha declarado “sorprendido” por los impresentables niveles de corrupción, mal le queda rasgarse las vestiduras cuando el clientelismo y la mermelada han sido la regla general con la cual han asegurado su gobernabilidad.  

En la campaña presidencial del 2014 presentamos un pacto contra la corrupción que trascendía los

anuncios mediáticos y slogans; sin embargo, tanto el Gobierno como el Congreso lo ignoraron. Nuestras propuestas incluían reformas constitucionales, legales y sociales, que permitieran que el Estado opere de forma tranparente y eficiente. Propusimos limitar la reelección de los parlamentarios como la única forma efectiva para conseguir la renovación política y la entrada de nuevos liderazgos al Congreso. Propusimos también combatir el clientelismo y las prebendas políticas, buscando la autonomía y legitimidad de las corporaciones públicas. Esto se logra promulgando normas simples y transparentes para la contratación pública con la implementación de veedurías y el acompañamiento del control ciudadano. Además, planteamos la necesidad de recuperar los dineros públicos confiscando los bienes a los corruptos y sus familiares. Para esto, todos los funcionarios públicos y contratistas del Estado (incluyendo sus familias) deberían publicar su declaración de renta, antes y después de ocupar su cargo, levantando la reserva bancaria para que los organismos de control puedan conocer el uso de los recursos públicos recibidos y pagados por los contratos. Finalmente, se debería decretar la muerte política, económica y comercial a los corruptos y a sus proveedores, castigar con penas ejemplares a  jueces y fiscales corruptos e implementar una reforma  de pesos y contrapesos que realmente permita el equilibrio de poderes. Sin embargo, poner en marcha estas medidas es un deber que requiere de voluntad política y compromiso.

Para los colombianos, la corrupción, la inseguridad y el desempleo son los problemas más grandes del

país. En las últimas tres décadas se han perdido 189 billones de pesos, impidiendo el crecimiento del país en materia económica, en infraestructura, educación y salud. No podemos seguir permitiéndonos elegir gobiernos personalistas, que sometan al Congreso y a las Cortes a ser corporaciones de bolsillo. La meritocracia debe ser la principal razón para la designación de funcionarios, garantizando eficacia y objetividad en el servicio público. Debemos impulsar una política ejemplar que castigue y combata la corrupción, porque la única forma de conseguir paz de verdad, es combatiendo este cáncer que ya hizo metástasis.

Marta Lucia Ramírez