Sin embargo, incluso en estos casos se dejaba abierta la posibilidad de establecer una pena alternativa de duración incierta, cuyo cumplimiento podría realizarse en régimen especial (incluyendo el propio domicilio del condenado) o llegar a suspenderse (aunque la Corte Constitucional declaró inexequible la suspensión de las penas impuestas a los máximos responsables de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra).

De esta manera, el Marco Jurídico para la Paz convertía la investigación, el enjuiciamiento y el castigo penal de los crímenes de competencia de la CPI en un mero apéndice del proceso de transición, alejándose en forma ostensible de “la debida consideración a la justicia como pilar esencial de una paz sostenible” a la cual se refiere la fiscal de la CPI.

Esto explica las muestras reiteradas de preocupación por parte de la CPI durante los últimos años, que han sido plenamente compartidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Colombia de 2014 y por varios organismos del sistema universal de protección de los derechos humanos.

Cuando la justicia penal por los crímenes que merecen un reproche social más profundo se convierte en un mero apéndice del proceso de transición, no cabe sino afirmar que el Estado está incumpliendo sus obligaciones, asumidas voluntariamente al suscribir los tratados internacionales, de respeto y garantía frente a las graves violaciones de los derechos humanos y de persecución penal de los delitos de competencia de la CPI.

El nuevo Acuerdo

Por su parte, lo que se conoce del acuerdo para crear una Jurisdicción Especial de Paz representa, en varios aspectos, un distanciamiento muy significativo frente al Marco Jurídico para la Paz, que además tenía el problema de no haber sido expresamente aceptado por las FARC.

Un primer análisis del acuerdo permite observar que serán objeto de la nueva jurisdicción especial todos los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos por las partes en el conflicto armado. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que, según afirma Jorge Giraldo en el reciente informe de la Comisión para la Historia del Conflicto y las Víctimas (CHCV), entre 1985 y 2000 hubo apenas un combatiente muerto por cada ochenta víctimas mortales civiles, y está proporción se agravó hasta llegar a uno por cada trescientos ochenta en los años siguientes.

Del mismo modo, las actuaciones no se limitarán a los “máximos responsables”, sino que se extenderán a todos aquellos que hayan participado “directa” o “indirectamente” en la comisión de los delitos. Igualmente, como, regla general parece que se impondrán penas alternativas de entre 5 y 8 años, muy similares a las que estableció la Ley de Justicia y Paz.

De este modo, después de tantos “tires y aflojes”, nos encontramos ante un modelo de justicia penal para la transición que parece tener muchas más similitudes con el sistema de Justicia y Paz que con el del Marco Jurídico para la Paz.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención del nuevo acuerdo es la mención expresa de que las actuaciones penales de la Jurisdicción Especial para la Paz estarán dirigidas a “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.

Si algo parece dejar claro el nuevo acuerdo es el destierro de aquella visión de la justicia penal como mero apéndice del proceso de transición.

Después de que durante tanto tiempo hemos oído que la verdad y las reparaciones han de ser extrajudiciales y que las actuaciones penales poco o nada tienen que ver con las garantías de no repetición, nos encontramos ante un nuevo marco normativo que reconoce expresamente:

1. El valor de la verdad judicial sobre las responsabilidades individuales (que complementa la verdad contextual e histórica que tratan de ofrecer los mecanismos extrajudiciales);  

2. La contribución efectiva de la actividad judicial a las reparaciones; y

3. La relevancia de los procesos penales en ofrecer garantías eficaces de no repetición.En otras palabras, si algo parece dejar claro el nuevo acuerdo es el destierro de aquella