Comerciantes de la vida humana que en la península no solo abusan de los usuarios sino también del personal asistencial contratado, al cual manosean a su antojo pagándole lo que se les venga en gana por sus servicios y utilizándolos en muchas actividades para las cuales no están preparados.

Algunas clínicas privadas prestan los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero recurren a personal sin la capacitación ni la experiencia necesaria para la prestación de este tipo de servicios complejos. Y lo que es peor: son personas que carecen de la sensibilidad social requerida para la atención de esta clase de pacientes.

Todo eso contribuye a que cada día aumente la tasa de muertes por mala atención o por inadecuados procedimientos o por tratamientos equivocados, errores que son hábilmente disfrazados por las directivas y el personal administrativo de estas instituciones.

Para los guajiros, la pérdida de un ser querido es todo un infortunio... Aquí se le hace honor a la muerte... Cuando fallece un miembro de la familia, sin que nada importen las circunstancias —violenta o natural— se cumple un ritual, en medio del cual solo se le da relevancia al cadáver. Todos entran en duelo y nada es más importante que los despojos mortales, costumbre ancestral. Y por ello, muchas de las muertes que pudieron haberse acelerado por un mal procedimiento asistencial, al final de cuentas quedan olvidadas. Es una ofensa —diríamos como un sacrilegio— contra el finado que su cuerpo sea manipulado con fines investigativos.

Mientras que para las instituciones prestadoras de los servicios médicos los usuarios sigan siendo solo objetos comerciales, serán los pobres de solemnidad quienes hagan aumentar la estadísticas de fallecidos en este país. Pero proporcionalmente irá en aumento la riqueza de los dueños de estas instituciones.

A pesar de que la Constitución Política siga diciendo que la vida es un derecho fundamental y de que el Estado debe velar para que esto se cumpla, muchos de los encargados del sistema de salud colombiano no acatan la norma. Y la vida se escapa por grandes cantidades, especialmente entre la gente de menores recursos. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales.  La salud en La Guajira seguirá siendo un simple saludo a la bandera.

Mientras tato, cada día aumentarán los casos de muertes sin justificación por una inadecuada atención médica o clínica, especialmente entre pacientes que no aparentan gravedad pero que se mueren hablando. Y, cual monopolio, la alianza estratégica de las entidades encargadas de velar por la salud con la señora muerte se fortalecerá más y más.

En La Guajira la salud está postrada, para ella no hay Unidad de Cuidados Intensivos, mientras la atención médica va en barrena, que el DRAE define esta palabra con un ejemplo que es anillo al dedo: ‘su salud entró en barrena’. Más apropiado para el caso de La Guajira, ¿pa’dónde?

Definitivamente, el sistema de salud constitucional y legalmente garantizado —y bien cabe el supuestamente— bajo la Ley 100, ha resultado más caótico que el que remplazó, ¡peor la cura que la enfermedad! Ese derecho constitucional se ha convertido en un medio de enriquecimiento para algunos personajes, desalmados, que han antepuesto su voraz apetito económico frente al bien común bajo la mirada complaciente

del Estado que hasta pareciera que acolita la situación, con lo cual se demuestra la incapacidad del Gobierno para manejar y controlar un sistema de salud que resulta incoherente.

Bajo este régimen se han creado empresas dedicadas a saquear las arcas del Estado a costa de la vida de muchos colombianos, sobre todo los de estratos sociales más necesitados. El derecho a la salud en Colombia no pasa de ser sino promesa politiquera de campaña electoral con excesiva demagogia en sus discursos de tarima. Y en tales circunstancias, una vez más se ratifica, mediante la advertencia de una muerte evitable, que la crisis de la salud si existe.

El sistema permite la existencia de empresas que más que responder por las necesidades de sus clientes han encontrado una mina de pesos, explotada bajo directrices de políticos, entre ellos destacados congresistas de distintos partidos que, sin escrúpulo alguno, legislan a favor de ellas.

Merecerían un grupo de ellas el título de ‘altar del clientelismo y la corrupción’ porque se han embolsillado sin que se les arrugue el alma las rentas del sector salud y porque