negativos para el país por el nefasto saldo de tres campesinos muertos y 24 uniformados heridos, por los recursos que perdió la economía debido a varías carreteras del país bloqueadas durante 14 días, desabastecimiento de productos agrícolas, e incremento y especulación de precios.

La justificación de las protestas por la crisis del sector agrario en Colombia es válida, pues

indiscutiblemente nuestros campesinos son víctimas directas de la ineficacia del Gobierno para diseñar una estrategia de desarrollo rural y agrícola que brinde solución a las dificultades, problemáticas y abandono en general que durante décadas ha enfrentado el campo colombiano.

Hace tres años, el paro campesino exigía la disminución de precios en los insumos agrí-

colas; la condonación y reestructuración de obligaciones de los campesinos con el Banco Agrario y otras entidades financieras; y, evitar la llegada de productos agrícolas importados a menores costos debido a subsidios en sus países. Después de tres años, la lista de peticiones aumentó y los compromisos suscritos en el paro del 2013 siguen sin cumplirse y sin mayor avance, toda vez que en este último paro no solo se requiere cumplimiento, sino que se negociaron temas relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, licencias mineras, la presencia de organizaciones paramilitares y las zonas de ubicación de los guerrilleros que se desmovilicen, temas que según el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, no le corresponden a su cartera. Dentro de lo acordado habrá un encuentro en Bogotá, el 17 de junio, al cual también están citados los ministros y viceministros de agricultura, interior, ambiente, vivienda y el Departamento Nacional de Planeación, en busca de generar un dialogo intersectorial que permita atender las demandas que requiere el campo colombiano.

Reconociendo la justificación de las protestas, es grave que las vías de hecho den lugar a

enfrentamientos e incidentes en los cuales la fuerza pública debe cumplir su función de preservar el orden. Se debe tomar conciencia del riesgo que las guerrillas fomenten más la agitación social, sobre todo, porque se superponen muchas zonas campesinas con zonas de influencia guerrillera. El gobierno debe asegurar que el dialogo con las organizaciones campesinas sea pertinente, productivo y conduzca a las soluciones interinstitucionales que solventen los problemas estructurales del campo colombiano.

No se entiende que el Ministro Agricultura diga que las inconformidades de los campesinos no

corresponden a su cartera, pues corresponde a esa entidad el agro y el desarrollo rural. La política agrícola debe responder de manera integral el desarrollo y bienestar del campo colombiano y le corresponde liderar y coordinar al interior del gobierno la elaboración de una política pública incluyente y eficaz que tenga impacto real a nivel nacional, no solo para atender la coyuntura sino, particularmente para dar las soluciones estructurales que el campo y nuestros campesinos requieren.

Tal como plantea la Misión de Desarrollo Rural, el Gobierno debe tener en cuenta factores co-

mo tierra y ordenamiento territorial, derechos humanos, cultivos de uso ilícito, política minero energética, impactos sobre la vida local del campesino, vivienda, hábitat, vías terciarias, medio ambiente, etc.