sistema democrático, justamente porque como hemos señalado muchas veces existe una relación directa y casual entre el continuismo político y la inestabilidad del sistema en el caso colombiano[2].

En ese sentido el Grupo de Investigación de Partidos de la Universidad Nacional,

dedicado desde hace casi veinte años al estudio de las reformas políticas en Colombia, quiere contribuir con dos reflexiones básicas, de carácter personal en este caso, a la invaluable labor del Congreso de la República en el importante momento actual de la historia política del país.
La primera de ellas tiene que ver con la mirada retrospectiva que es necesario hacer al momento de aprobar normas jurídicas de orden constitucional con espíritu reformador. Este es el caso del Acto Legislativo que ahora se debate en el Congreso, pero lo es también en general todo el proceso mediante el cual se está planeando darle institucionalidad a los acuerdos de paz, poner en marcha las reformas pactadas e incluso adelantar otras que esta importante coyuntura histórica invita a no posponer.

Se trata de un breve resumen de una sucesión de hechos de nuestra política nacional

que todos ustedes conocen, pero que articulados en un discurso explicativo de un proceso con una particular dinámica, nos da unas señales muy claras de lo que es conveniente hacer o no hacer en un momento tan trascendental como el presente.

La segunda reflexión tiene que ver con la necesidad a la que hemos hecho referencia

varias veces de ver la política colombiana, y especialmente nuestro sistema de partidos, con una perspectiva politológica mundial y superar lo que algunos hemos llamado el “Síndrome de Ciudad Gótica”, o sea la insistencia en querer entender la política colombiana al margen de instrumentos de análisis científico-políticos, por considerarla tan idiosincrática como nuestros grandes novelistas la han descrito en sus magistrales obras.

Respecto del primer asunto, las enseñanzas son muy claras en la abundante y brillante

literatura nacional y extranjera que hay sobre el proceso de modernización en Colombia.

El primer ejemplo es el fracaso relativo de la Revolución en Marcha de López Pumarejo,

el cual demostró contundentemente que el Congreso que apruebe una Reforma Constitucional debe estar dispuesto a aprobar los desarrollos legales de la misma o la terminará convirtiéndola en letra muerta. En este sentido es positivo que se permita el blindaje de los acuerdos y sus reformas contra las propias veleidades de la vida política. Pero también es cierto, y eso sucedió desafortunadamente en dicha República Liberal, que los procesos de modernización no pueden ser hechos con una lógica de paternalismo corporativista en la que los ciudadanos son supuestamente beneficiarios pasivos de los mismos. Por ello no tiene aceptación en pleno siglo XXI que los colombianos pierdan la posibilidad de intervenir en el debate y análisis de constitucionalidad en las diferentes etapas de ese complejo proceso.

El segundo hito histórico importante, la interrupción abrupta del proyecto de moderni-

zación gaitanista y la consiguiente violencia política generalizada, también señala otra enseñanza, la de que no se debe recorrer ese mismo errado camino de la polarización partidaria de entonces. Los partidos de hoy no pueden cometer el error que cometieron los partidos de mediados del siglo pasado, al no encontrar un punto de negociación flexible sobre la base de sus diferencias y las reglas constitucionales establecidas. Esto implica que es improcedente cualquier expediente de aplanadora de mayorías, aunque tampoco supone concesiones excesivas a las fuerzas minoritarias en el Congreso, si bien debe tenerse alguna consideración a las cifras de apoyo de esas minorías parlamentarias en las elecciones presidenciales. En este sentido un pacto mínimo es mejor que ningún pacto y este se puede hacer desde el Congreso mismo y en la aprobación de un Acto Legislativo como el que ahora se discute, pero también en sus etapas posteriores.

El tercer momento a considerar es por supuesto el Frente Nacional, del cual se ha dicho

con persistencia que se trató de una medicina eficaz y necesaria, pero con efectos secundarios negativos y serios, algunos de los cuales se podían haber evitado si la reforma política instaurada no se hubiera presentado justamente como una solución de todo o nada ante una ciudadanía atormentada por la violencia. Por esta vía tanto el Acto Legislativo en curso como las demás etapas del complejo proceso mencionado no pueden convertirse en cápsulas intocables, y por ello mismo es necesario el diálogo a tres bandas con la ciudadanía, los expertos y la oposición, y en tal sentido los blindajes no deben ser absolutos, aunque sí contundentes por la importancia del tema. La clave es la negociación política, el intercambio real de ideas como la presente sesión y sobre todo una pedagogía socrática ante la ciudadanía para que no se pierda en el laberinto jurídico de la experticia constitucional.

La Constitución de 1991 es el más importante hecho a considerar en esta retrospectiva

histórica de la reforma por sus aciertos y errores. No hay duda que esta Constitución modernizó al país, lo democratizó y lo hizo más eficiente. Sin embargo, este gran hito es visto hoy en día como un proceso incompleto, inacabado, y con muchas asignaturas pendientes, especialmente en lo que se refiere a la reforma del sistema electoral en todos sus aspectos, pero también en temas como el ordenamiento territorial, la descentralización y por supuesto la Justicia. En lo que tiene que ver con la reforma de la política propiamente, fue un gran error pensar que el sistema de partidos se organizaría con una simple norma que autorizaba sin límites la creación y el funcionamiento autónomo de los partidos, acompañada de un régimen de incompatibilidades e inhabilidades. Tuvo que pasar más de una década, y tres intentos fracasados de reforma desde el Ejecutivo, hasta que el Congreso finalmente aprobó una reforma, la de 2003, que le puso algo de orden e institucionalización al sistema de partidos colombiano[3].

La gran enseñanza para el momento actual de esa sucesión de reformas políticas poste-

riores al 91, unas fallidas totalmente, otras incompletas, incluso unas y no pocas en contracción en lugar de ser en expansión, es muy evidente: Si no se hacen en esta oportunidad reformas serias sobre los temas que son urgentes y sobre los que hay consenso de que deben ser reformados referidos al sistema electoral (financiación de campañas, autoridades electorales, democracia e institucionalización interna de los partidos), seguiremos teniendo una democracia con apellidos. Es decir, si antes nuestra democracia era vista como una democracia limitada, restringida, autoritaria etc., hoy todavía no se libra de calificativos muy duros por la poca credibilidad que generan los procesos de selección política, tales como democracia alquilada, captada, e incluso más fuertes como sometida o prepago[4].

En síntesis, este Acto Legislativo y los posteriores procesos de reforma política relacio-

nados con los acuerdos de paz o hechos con oportunidad de los mismos, no pueden ser normas para mostrar y no para cambiar. Si no abordan la problemática misma de la política colombiana, y si no hay de todas las partes, o sea el Ejecutivo, los desmovilizados, el Congreso y sobre todo la clase política y la sociedad civil, un verdadero esfuerzo de cambio, con normas estrictas y no diseñadas para ser burladas por los mismos que las hicieron, este entramado complejo de acuerdos, refrendación, y reformas políticas, en lugar de ser la puerta que lleva a Colombia a la posmodernidad del siglo XXI, puede ser la llave que cierre la salida al cambio por un par de décadas más.

Por último, y en lo referente a la ciencia política y más específicamente a la llamada

Ingeniera Institucional, queremos hacer una reflexión también sobre la necesidad de tener en cuenta en todo este proceso, y en especial en este Acto Legislativo, por parte de los honorables congresistas, algunas verdades sobre las que hay un gran consenso académico y que merecen ser tenidas en cuenta a pesar de la singularidad a veces entre macondiana y marveliana o de DC Comics, de nuestra realidad política.

La primera de ellas es recordar que una política pública, y más una de gran magnitud

como esta, debe tener el triple requisito de ser eficaz en términos de expertos, con aceptación social y coherente en el tiempo. Así las cosas, antes que nada, este Acto Legislativo y los posteriores procesos no pueden ir de ninguna manera en contravía de lo que los expertos en esta área dicen, por lo menos en aquello en lo que hay un consenso rotundo, especialmente en este caso sobre el asunto constitucional del mayor o menor blindaje de los acuerdos y sus aplicaciones.

En segundo término, no basta con estar convencidos gobierno, mesa de conversaciones

y Congreso de la bondad de lo que se quiere aprobar. Es necesario, una vez que esté claro que no se contradicen rotundamente los dictámenes de los expertos, como los que en esta Audiencia Pública se han presentado, sólo por citar un ejemplo, hacer una adecuada pedagogía, con ayuda de los medios, el mundo académico e incluso las redes sociales, para convencer de lo decidido, no con hechos sino con argumentos y razonamientos, a los ciudadanos de a pie, la mayoría de los cuales escapa a la compleja filigrana jurídica de todos estos pasos y sus implicaciones constitucionales y políticas.

La última y conclusiva enseñanza de la Ciencia Política a tener en cuenta, y sobre la cual

hay un gran consenso, hace referencia al carácter de espejo político de las reformas, especialmente las electorales, lo cual hace que sea ingenuo pensar que las normas de este tipo son productos de reflexiones académicas cuando en verdad lo son de las propias fuerzas políticas. En ese sentido, si no hay un verdadero acuerdo de cambio en los partidos políticos y sus líderes con presencia en el Congreso, las normas que se diseñen sencillamente van a reflejar lo que ya existe con pequeñas variaciones, al estilo de lo que sucedió con el Voto Preferente Opcional en 2003. Esto, además, porque el verdadero efecto de las reformas, aunque estén bien diseñadas, va a depender, por las mismas razones, de la manera en que esos actores políticos las asuman, tanto los existentes como los nuevos.

En síntesis, es este el momento único para que el Congreso quede ante la historia como

uno de los actores claves de la nueva Colombia que se está intentando rediseñar en esta gran coyuntura de los acuerdos de paz. En este sentido, este Acto Legislativo y las normas que en lo sucesivo se aprueben en esa misma dirección no pueden ser tramitados sin esos cuatro requisitos que tanto la historia política de Colombia como los cientistas políticos señalan: No excluir la participación ciudadana de los controles, negociar mínimos con las minorías parlamentarias que se oponen, darle credibilidad a los consensos de los expertos en temas tan serios como el blindaje por ejemplo, abordar los problemas reales de la política colombiana con las reformas más allá del simbolismo, y construir un auténtico consenso de cambio político entre los partidos mayoritarios, en lugar de la simple aprobación de normas jurídicas coyunturalmente pactadas, para que éstas tengan un efecto real en el futuro.

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[1] Roll Vélez, David. (2000). "Un siglo de ambigüedad. Cien años de crisis y reformas políticas en Colombia". Colombia: Cerec pags. 600 (ver en www.davidrollvelez.com).

[2] Roll Vélez, David. (1999). "Inestabilidad y continuismo en la dinámica del cambio político en Colombia". Colombia: Icfes pags. 504 (ver en www.davidrollvelez.com).
[3] Roll Vélez, David. (2005). "Partidos Políticos y Congreso. Élites políticas y mayorías parlamentarias en Colombia en la década de los noventa". Colombia. Konrad Adenauer Colombia. 500 págs. 315(ver en www.davidrollvelez.com).
[4] Roll Vélez, David. (2010). "Democracias prepago: el control de la financiación política, un reto para Colombia y Latinoamérica". Colombia: Editorial Universidad Nacional De Colombia págs. 297(ver en www.davidrollvelez.com).