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Página Editorial

José Orellano

De El Prado

y de la lucha

contra la

prostitución

infantil

Dos excelentes informaciones han sido enviadas a nuestro e-mail por la oficina de comunicaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 1: decisiones de la Corte Constitucional en nada afectan el proceso de recuperación del Hotel El Prado de Barranquilla ni el contrato recientemente celebrado, mediante el cual se entregó en concesión para su administración y operación por 30 años a la cadena Marriott International, Inc., y 2: se han ordenado recursos multimillonarios para consolidar el proceso de elaboración y manejo de las herramientas necesarias contra explotación sexual comercial de Niños, Niñas y Adolescentes asociada a viajes y turismo.

1: La Corte ha declarado inexequible el artículo 15 de la Ley 1753 de 2015 que ordenaba la creación de un fondo que debía ser manejado por el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, de manera transitoria, y mediante el cual se permitiría el pago de pasivos pensionales y labores de hoteles de propiedad de la nación.

Aunque el MinCIT admite que hasta la noche del sábado desconocía oficialmente los alcances de la decisión, ha aclarado ante la opinión pública, especialmente la del Caribe colombiano y el sector laboral de la hotelería, que en ningún caso se verá afectado el procedimiento en que está incurso el tradicional hotel barranquillero, por cuanto el contrato de concesión previó el giro de recursos por parte del concesionario para atender estos pasivos.

Al respecto, el MinCIT ha anunciado que, temporalmente, y mientras ingresan los recursos de la concesión, tanto la cartera como Fontur —que es un patrimonio autónomo del ministerio— estudian las alternativas que permitan manejar estas partidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y pensionales del hotel.

2: La otra extraordinaria noticia ha surgido en medio de la celebración —con fortalecimiento de acciones estatales contra el despreciable delito— del Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, ESCNNA, en el contexto de

la industria de viajes y turismo. Sobre el particular, la titular de la cartera, Cecilia Álvarez-Correa, ha destacado que para la presente vigencia se han destinado más de $3.057 millones para la elaboración y manejo de las herramientas necesarias que den cumplimiento a lo ordenado por las leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009 y la Resolución 3840 de 2009, normas para prevenir, contrarrestar y robustecer la lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes en el contexto de la industria turística y, por consiguiente, la hotelera.

Recursos exonómicos para seguir echando pa’lante la campaña de prevención de la ESCNNA #ojosentodaspartes, así como el curso virtual ‘Todos unidos contra la ESCNNA en el contexto de viajes y turismo’ y el manual de Buenas Prácticas de Prevención, dirigido concretamente a Prestadores de Servicios Turísticos.

En esta acción gubernamental contra la explotación sexual infantil sigue vigente el convenio firmado con la ONG Red PaPaz para desarrollar el aplicativo denominado ‘Te protejo’, descargable en tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles o del acceso por internet a la página web www.teprotejo.org.

La ministra, en medio de las celebraciones del sábado 16, anunció también la continuidad de diferentes certámenes tipo ‘Encuentro Nacional de Prevención de la ESCNNA en el contexto de Viajes y Turismo”, con el propósito fundamental de visibilizar este delito que vulnera los derechos de los menores de edad y la imagen de los destinos y los prestadores de los servicios turísticos.

“Con estas acciones avanzaremos hacia el objetivo de despertar el interés de todos los actores que hacen parte de la industria turística sobre su responsabilidad de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las diferentes comunidades receptoras en las que desarrollan sus actividades”, puntualizó la ministra Álvarez-Correa.

La agenda de negociación

en La Habana

no puede estar

sometida a las

presiones e

imposiciones

de las FARC

Tras la reanudación de las negociaciones con un nuevo ciclo de conversaciones, hace más de una semana, los colombianos nos encontramos a la expectativa de conocer los acuerdos sobre temas concretos y delicados, que han impedido la culminación del proceso, como la entrega de las armas, las condiciones del cese al fuego y hostilidades, las características de las zonas de concentración de los guerrilleros, los nuevos plazos y fechas a fijar—como lo manifestó el Presidente— y la conformación del tribunal especial de paz.

Sin embargo, cuando se creía que la agenda estaba definida y los diálogos se tornarían con mayor dinamismo en busca de no seguir prolongando la negociación ni mucho menos incumpliendo fechas, ahora las FARC retoman la vieja exigencia de indultar a alias ‘Simón Trinidad’ como condición para el proceso de desarme.

No es sano que las FARC condicionen el desarrollo de la agenda y la evolución de los diálogos a un tema que ya ha sido discutido en repetidas ocasiones, frente al cual Estados Unidos, en cabeza de su enviado espacial al proceso de paz, Bernie Aronson, indicó que esa era una materia que “no está sobre la mesa”, cerrando la posibilidad de la liberación temporal o participación del jefe guerrillero en el proceso.

Debe recordarse que Simón Trinidad fue extraditado a Estados Unidos en donde se le juzgó y condenó a una pena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos y por el delito común de narcotráfico. El señor Trinidad es responsable de delitos de lesa humanidad, y  no goza del perdón de sus víctimas; Keith Stansell, Marc Gonsalves y Tom Howes, quienes se oponen a su liberación[1], por lo que, de conformidad con las leyes de Estados Unidos, no es posible aplicarle indulto o liberación a través de conmutación presidencial por parte del Presidente Obama. 

En ese sentido, en el marco de la conmemoración a las víctimas y el día nacional de memoria, las FARC deberían comprender que, en el caso de Simón Trinidad, no cuentan con el perdón de sus víctimas, y de esa manera dar fin a la controversia, la cual se ha convertido en un mecanismo para entorpecer el avance de las conversaciones, dado que la decisión de incluir a Trinidad como plenipotenciario no recae sobre el Gobierno Nacional.

Entre tanto, las dudas que suscita la obstinada postura de las FARC, nuevamente genera interrogantes frente a los roles en las negociaciones. ¿Quién establece las condiciones el Gobierno o las FARC? ¿Cuánto tiempo más se van a prolongar los diálogos si continúan enfrascados y reabriendo estas discusiones estériles?

Marta Lucía Ramírez de Rincón
Ex candidata presidencial Partido Conservador

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