única universidad pública y de mayor cobertura en la península habrá de verse, en esta vigencia de 2016, abocada a una crisis total. Nadie querrá que, antes de que finalice la presente vigencia, enfrente la posibilidad de un cierre temporal, muchos menos definitivo.

Porque es que nada halagüeños han resultado los anuncios hechos tras la sesión extraordi-

naria del Consejo Superior en la Universidad cumplida el lunes 23 de mayo: la crisis financiera que afronta la administración de Oneida Pinto Pérez —sobre un presupuesto de 400 mil millones de pesos debe 360 mil millones— desbarata cualquier anhelo de que el Departamento se ponga al día con el pago de sus obligaciones con la Universidad.

Como es de conocimiento general, Uniguajira es en la actualidad un ente autónomo del orden

departamental, tal como lo dispone el decreto que la creó, el 523 de 1976, pero con las finanzas del Departamento hechas ‘chicuca’ la opción que queda es la de buscar aires más alto para su sostenimiento y el logro de sus objetivos: cumplir con sus obligaciones oportunamente y responderle al ministerio de Educación sobre los procesos de autoevaluación y acreditación en la búsqueda permanente de la excelencia, búsqueda en la cual se ha enfrascado el rector Robles Julio, no hay duda: la Universidad de La Guajira consolida liderazgo en la Región Caribe y el principal indicativo de tal alcance se manifiesta en el hecho de que el rector ha sido ratificado como presidente del Sistema Universitario Estatal del Caribe colombiano (SUE-Caribe), conformado por ocho universidades regionales y la Tecnológica del Chocó, de reciente integración.

Al momento de escribir esta nota Editorial, estábamos a la espera de la decisión que habían

de tomar los sindicatos universitarios frente a la continuidad o no del semestre académico. Grave panorama, porque un cese de actividades académicas ha de afectar a más de 14 mil estudiantes de Uniguajira.

Imperan la inconformidad y la incertidumbre, porque solo a docentes catedráticos se les adeuda

más de 8 mil millones de pesos. Y porque frente a los recursos de Ley 30 de 1992, la gobernadora Pinto Pérez anunció el pago de solo 5 mil millones de pesos en 15 días calendario —para el martes 7 de junio— y el desembolso de 5.422 millones de pesos a finales de año, para completar los 10.422 millones de pesos que se le adeudan a la universidad, correspondiente a la vigencia fiscal 2016.

“La gobernación se encuentra en crisis y no tiene recursos para cumplir con el pago contraído

con la institución”, ha dicho la mandataria. “El giro del departamento no soluciona el pago de las obligaciones de la institución”, ha dicho el vicerrector administrativo y financiero de Uniguajira, Boris Romero Mora. Y la gran verdad en todo esto es que que la Gobernación no presupuestó los recursos correspondientes a la Ley 30. 

Obligación sine qua non —‘condición sin la cual no’— de los congresistas guajiros ante el

oscuro nubarrón que se ciñe cada vez más  sobre el primer centro de educación superior en La Guajira, es buscar unidad entre colegas en torno al proyecto de Ley “por la cual se transforma la Universidad de La Guajira en ente autónomo del orden nacional y se dictan otras disposiciones”, el

247 de 2016, inscrito el 10 de mayo de 2016.

Entre los argumentos de la exposición de motivos, se recuerdan  los 38 programas académicos

que ofrece la Universidad: 22 de pregrado, tres tecnológicos, dos técnico-profesional, tres especializaciones, seis maestrías y dos doctorado se puntualizan sus extensiones en  Maicao, Fonseca, Villanueva y Montería y se precisa que su una población estudiantil a la fecha es de 14.538 estudiantes —en su mayoría estratos 1 y 2— cifra que viene en ascenso desde 2011, cuando se contaba con 7.435 estudiantes.

También hace referencia al personal docentes: 1.258, de los cuales solo 170 son de planta, de

‘tiempo completo’, un 13 por ciento, mientras que el restante 87 por ciento son docentes ocasionales y catedráticos de medio tiempo.

Señores congresistas guajiros: a trabajar en unidad y en alianza por la salvación de la Univer-

sidad de La Guajira, a hacer Ley el proyecto 247 de 2016, a lograr su nacionalización y a conservar su autonomía —aunque se nutra total o parcialmente de recursos del Estado— en el el manejo de sus respectivos presupuestos, “los cuales globalmente deben quedar incluidos en la respectiva ley de apropiaciones”.

El curso congresual  arranca por Cámara y eso es muy favorable para el proyecto. En Senado

también habrá que recurrir a muchos senadores amigos de La Guajira, amigos sí, porque en campaña se les ve por muchos rincones guajiros y se les ecucha comprometidos con la pénínsula.

Es momento, pues, de que senadores de distintos lugares del país le retribuyan al pueblo gua-

jiro —incluso sobre la base de mucho compromiso o promeserío— por las decenas de miles de sufragios que logran por las tierras de Francisco El Hombre, ‘El negro’ Robles y el almirante Padilla, entre otros. Que no quede la sensación de que fueron a La Guajira, pagaron por los votos y, por tal razón, no tienen obligación ninguna con la siempre maltratada península.