Por Marta Lucía Ramírez

Ex Candidata Presidencial Partido Conservador

La crisis humanitaria de Venezuela, la persecución a la oposición, la debilidad institucional,

la violación de derechos humanos, la corrupción desbordada, los homicidios y desapariciones a diario, el hambre y las penurias del pueblo por acciones directas del régimen de Nicolás Maduro, han llevado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a invocar, por fin, la Carta Democrática del organismo.

Enhorabuena por el carácter y valores democráticos del Secretario Almagro que actuó tal

como lo consigna la Carta Constitutiva de la OEA y sin mezquinos cálculos políticos como lo hizo su antecesor José Miguel Insulza y sin la combinación de intereses políticos y económicos, como lo han hecho gran cantidad de presidentes latinoamericanos.

La defensa de la democracia es la de un valor superior, es un derecho del pueblo y es una

obligación insoslayable de los regímenes democráticos y de las instituciones hemisféricas. A Colombia se le ha vendido la idea de que la Paz justifica todo lo indefensable (Pérdida de legitimidad de todas las ramas del poder público; corrupción rampante; estrecha colaboración con los nuevos mejores amigos de una dictadura; ineficacia del Estado en garantizar justicia y proteger a la población, empezando por proteger a los niños que a diario mueren víctimas de hambre cuando no de violaciones y por violencia familiar)

Anhelamos la Paz de Colombia y sabemos que el fin del conflicto es un primer paso para

ello y para eso hemos hecho varias propuestas al equipo negociador. Sin embargo, hemos insistido en que la Paz Verdadera no se firma en un Acuerdo, como no se podría firmar en un decreto. La Paz Verdadera exige convicciones y valores democráticos, debe propender por la garantía del Estado de Derecho, la legitimidad institucional y primeramente por asegurar la legitimidad de la Justicia y el orden, así como por lograr la presencia verdadera e inteligente del Estado en todo el territorio con educación, seguridad, infraestructura y acceso al trabajo y al emprendimiento para que todos los colombianos tengan derecho a una vida digna producto de su esfuerzo.

Por la misma razón, quienes actúen como garantes y países amigos del mal llamado

Proceso de Paz (que a  lo sumo es un proceso para la incorporación de las Farc a la política colombiana) deben compartir nuestros valores democráticos y de alguna manera ser el referente de lo que esperamos llegar a ser como Nación moderna y civilizada en el post acuerdo y en el futuro. Jamás compartimos la participación de Venezuela en el proceso y mucho menos el silencio del Gobierno colombiano frente a los desmanes autoritarios del régimen Venezolano sufridos no solo por la oposición venezolana, sino en carne propia, por nuestros connacionales y en particular, por los colombianos de la frontera y por los miles de expulsados arbitrariamente del vecino país.

No se compadece con ninguna lógica de política internacional, de acato a las leyes del

derecho natural ni a la sensatez política, que Venezuela actué aun hoy de “garante” en las negociaciones con las Farc. Este es un mensaje funesto que en nada reivindica los valores democráticos de respeto a los derechos humanos y del respeto por la oposición, que constituyen el faro que alumbrará cualquier proceso para la construcción de paz en Colombia.

En consecuencia, solicito al Presidente Juan Manuel Santos que ya habiendo Naciones

Unidas aceptado el pedido de actuar como garantes del Acuerdo, revise la participación de Venezuela como país garante de estas negociaciones. Deseamos Paz para Colombia, tan fervientemente como deseamos Democracia para Venezuela, donde por demás, residen más de cinco millones de colombianos. El régimen de Maduro lejos de contribuir a la construcción de paz y democracia en Colombia y en la región, es el fiel reflejo de los peligros de una dictadura populista que no entiende de diálogo ni de negociación, como no sea para imponer al otro su voluntad.  Por eso acá no podemos bajar la guardia.