especialidad no ha sido el derecho penal. Sin embargo, es el candidato con mayor significación política y quien despierta las mayores suspicacias, dada su cercanía al vicepresidente Vargas Lleras, así como por su trayectoria como asesor y abogado de grandes empresarios. Esto último lo podría llevar a tener conflictos de interés en el cargo (uno de los problemas que tuvo Montealegre). Pero en honor a la verdad hay que decir que estos conflictos son comunes para cualquier abogado exitoso en el ejercicio de su profesión.

Martínez conoce el mundo del derecho, fue el artífice y gran defensor de la reforma de “equilibrio de poderes” (lo cual puede ser un factor adverso en la Corte Suprema) y como ministro de Justicia adelantó tareas importantes que lo dejan bien parado como gerente. Y gerencia es lo que le falta a la Fiscalía.

Martínez caería bien en el uribismo, pero despertaría resistencias en sectores políticos y sociales de centro-izquierda que no ven con buenos ojos la llegada al ente de investigación de un abogado con altos intereses económicos, por ejemplo, en el temade tierras, donde uno de sus más importantes clientes está en el negocio. Con él se puede repetir el síndrome Montealegre respecto del caso Saludcoop.