y foco de tensión desde los años ochenta. Esta paradoja tiene su origen en los arreglos institucionales del Frente Nacional que se hicieron para garantizar la pacificación de la violencia bipartidista.

Uno de estos arreglos consistió en otorgarles una relativa autonomía a los militares para el

manejo del orden público, que si bien contribuyó a su despolitización partidista, reforzó su talante anticomunista en el contexto de la Guerra Fría. Entendiendo por orden público desde la protesta social hasta la acción insurgente como expresiones del comunismo internacional que había que combatir, las Fuerzas Militares ampliaron sus competencias dentro del Estado más allá de la seguridad. Es así como en el ocaso del Frente Nacional, cuando el desencanto se manifestó en reclamos muy radicales, los militares trataron con mano de hierro a los opositores y críticos del régimen, mientras que los Gobiernos civiles empezaban a ser más proclives al diálogo.

Un hito histórico de esta contradicción es el ya mencionado paro cívico de 1977 que tuvo lugar

durante un Gobierno liberal como el de Alfonso López Michelsen —reconocido disidente en los primeros años del Frente Nacional—, y que sin embargo fue reprimido sin titubeos. Este paro daría pie para que un sector influyente de las fuerzas armadas propusiera una serie de medidas excepcionales de orden público que el Gobierno siguiente, el del también liberal Julio César Turbay, adoptaría con el nombre de Estatuto de Seguridad, y que se convirtió en un fuerte incentivo para las primeras violaciones de los Derechos Humanos por parte de miembros del Estado.

Esa incipiente hoguera se avivaría con la ruptura del monopolio de la fuerza por parte del Go-

bierno, cuando se aprobó la Ley 48 de 1968, que autorizaba las autodefensas de civiles auspiciadas por las Fuerzas Militares, y que fueron la semilla de los grupos paramilitares en los años ochenta.

Es así como los primeros esfuerzos de contener la expansión guerrillera por la vía de la negociación y las reformas, en cabeza de Belisario Betancur, chocaron con el sabotaje de las elites políticas y económicas regionales que no admitían un escenario de competencia política con la izquierda. Y, por supuesto, de los militares que se opusieron durante la década de los ochenta a cualquier arreglo político con los grupos insurgentes. Al final, Betancur se quedó solo y los sectores radicales de las élites y los militares terminaron alimentando la maquinaria de la guerra sucia contra líderes sociales y de izquierda, disidentes políticos, y en ocasiones simples librepensadores como Héctor Abad Gómez.

La Constitución de 1991 se convirtió en un nuevo intento para abrir la democracia, modernizar

al país y crear un consenso alrededor de la paz. Pero tanto la idea de oxigenar el sistema político con la descentralización política y administrativa como impulsar el crecimiento con la apertura económica, implicaron dejar al país rural en manos del mercado y debilitar la presencia estatal en las zonas de conflicto, lo que puso el territorio a merced de los grupos armados.

Las fuerzas militares, que habían sido sometidas al control civil en la nueva Constitución, estaban bajo la mirada de los organismos de Derechos Humanos que ahora empezaban a tener un lugar importante en la agenda política global.

Hacia mediados de la década de los noventa la violencia persistía en las zonas rurales y las

guerrillas estaban desarrollando una ofensiva sin precedentes. El Estado, en lugar de apostar por el fortalecimiento de las Fuerzas Militares en esos territorios, optó por un remedio cuyos efectos nocivos ya conocía de vieja data: privatizar la seguridad. Esta vez lo hizo a través de la figura de las Cooperativas de Seguridad Convivir, que se convirtieron en el gran catalizador de la expansión del paramilitarismo por toda la geografía del país, en un estrecho maridaje con miembros de la Fuerza Pública en las regiones e incluso con la anuencia de algunos gobernadores y alcaldes.

Cuando la guerra alcanzó su clímax de crueldad y victimización, Andrés Pastrana (1998-2002)

le propuso al país una salida política que no contó con un respaldo definitivo de las élites. Es así como el Gobierno se jugó algunas de sus cartas en la negociación con las guerrillas, pero se guardó los ases para fortalecer como nunca antes a las Fuerzas Militares, lo que fue posible a través de la aprobación del Plan Colombia, apoyado por Estados Unidos. Esta paradoja de pedir la paz mientras se intensificaba la guerra fue posible porque las partes acordaron dialogar en medio del conflicto, sin que mediara ningún cese al fuego.

Cuando el proceso de paz fracasó, ya estaban sentadas las bases que harían posible por pri-

mera vez un consenso fuerte y prolongado entre las élites y la opinión pública alrededor de la salida militar al conflicto. La guerra, la salida militar y represiva, había roto la eterna ambigüedad entre el Estado y una parte de la sociedad sobre qué posición asumir frente a la guerrilla.

La política de seguridad democrática que implementó Álvaro Uribe Vélez durante sus ocho

años de Gobierno significó una relativa recuperación del control territorial y un importante retorno al monopolio de la fuerza al ser desmontados los grupos paramilitares, aunque fuera parcialmente. Tanto la gran campaña de exterminio de los paramilitares a finales de los noventa como la ofensiva de la Fuerza Pública en la última década —que afectó por primera vez a la cúpula de las FARC— debilitaron estratégicamente a las guerrillas y a su proyecto insurgente.

Pero el Estado no logró consolidar su éxito militar. Primero, porque actuaciones de miembros

de las Fuerzas Armadas como las ejecuciones extrajudiciales, presentadas como muertes en combate, golpearon fuertemente su legitimidad. Y segundo, porque la presencia social del Estado fue precaria y no resolvió las inequidades estructurales del campo que se han profundizado por el saqueo y el despojo que ha producido el conflicto armado. Muchas de las instituciones locales y regionales fueron capturadas por los paramilitares a través de sus estructuras políticas, lo que las hizo débiles y poco creíbles a los ojos de la población.

Es así como durante el ocaso del Gobierno de Uribe, las guerrillas estaban remontando su ini-

ciativa militar y, sobre todo, política. Desde 2012, un sector de las élites, representado por Juan Manuel Santos, busca una salida política del conflicto con un proceso de diálogo con las FARC que se lleva a cabo en La Habana, Cuba.

Continuará