Finalmente, la lucha antiterrorista que emprendió Estados Unidos desde el año 2001 sirvió de

telón de fondo para clausurar durante un largo tiempo las posibilidades de negociación con la guerrilla, y leer todos los actos insurgentes en clave de terrorismo, sin negar que tanto guerrillas como paramilitares hubiesen incurrido en actos de esta naturaleza.

Del otro lado, las corrientes revolucionarias y socialistas han influido de diferentes maneras en

los grupos insurgentes. La Revolución cubana fuela inspiración inicial de todos los movimientos guerrilleros, pero puede decirse que es el triunfo de los sandinistas, en Nicaragua en 1979, el que marcó definitivamente a los rebeldes, pues les mostró la necesidad de ampliar las bases sociales de la revolución y les ilusionó con la posibilidad de tener insurrecciones populares, en combinación con la guerra popular prolongada.

La caída del socialismo crea una tendencia mundial de cierre de los conflictos internos por vía

negociada a finales de los ochenta y principios de los noventa, incluyendo el nicaragüense, que se define en unas elecciones luego de una desgastante guerra. Parte de la insurgencia colombiana se reincorpora a la vida civil, en el entendido de que ya no hay apoyo internacional para la lucha armada. Por otra parte, las farc y el eln se separan por largo tiempo de cualquier corriente internacional, hasta principios de este siglo, cuando nuevas tendencias socialistas se imponen por la vía electoral en varios países de América Latina.

La influencia externa también ha sido muy importante para contener los efectos nefastos del con-

flicto. A partir de los años noventa, la agenda de Derechos Humanos tanto de la OEA, como de la ONU, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Unión Europea, así como de las organizaciones de Derechos Humanos internacionales, han sido cruciales para dar soporte a las víctimas, hacer visible la tragedia que ha significado la guerra para los civiles, luchar contra la impunidad y fortalecer las instituciones.

Igualmente, el Estatuto de Roma, vigente desde el 2002, y la internacionalización de la justicia

en casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad han significado cambios importantes tanto para el Estado como para las guerrillas y los grupos paramilitares. La implementación de la justicia transicional durante los procesos de negociación con los grupos armados es un efecto directo de esta nueva realidad.

LA FRAGMENTACIÓN DEL ESTADO

Más que ausencia del Estado, lo que ha habido durante la guerra en Colombia ha sido un Es-

tado fragmentado y débil, tanto en lo territorial como en lo institucional. La fragmentación puede notarse en las tensiones que ha habido entre poder civil y militar, en ciertas coyunturas claves para el conflicto, por ejemplo, durante los procesos de paz de Belisario Betancur y Andrés Pastrana. Esta relativa autonomía militar, aunque formalmente quedó superada con la Constitución del 91, aflora todavía y no se ha resuelto de manera definitiva.

Otro dilema que ha enfrentado el Estado a lo largo del conflicto tiene que ver con su debilidad re-

gional y local, especialmente en zonas alejadas de los centros del poder. En estos años de guerra, el centro del país vio cómo se fortalecieron sus instituciones, mientras en la periferia subsistieron los problemas de gobernabilidad, la corrupción y la falta de legitimidad. El supuesto de que la descentralización ayudaría a cohesionar el país en medio de la diferencia y la diversidad, ha sido saboteado por los actores del conflicto. La brecha entre el sector más integrado del país y el resto, parece ser muy profunda aún.

LA JUSTICIA Y LA GUERRA

La relación entre guerra y justicia ha sido central en Colombia. Tanto la guerra se ha adaptado

a los cambios de la justicia, como esta ha tenido que ajustar su actuación a los diferentes periodos y modalidades del conflicto. Si algo ha caracterizado a la justicia en estos años es su ausencia. La impunidad ha sido consecuencia de las distorsiones del conflicto armado, pero, como una serpiente que se muerde la cola, también ha sido su alimento.

Muchos factores han incidido en la impunidad. El primero tal vez es la dialéctica entre asedio

y cooptación. El segundo la inoperancia por el desborde de casos y la debilidad estructural de la rama judicial. El tercero es que la justicia ha sido usada en la guerra a través del derecho penal del enemigo y los contextos de excepcionalidad que permiten su aplicación.

Los jueces e investigadores han sido victimizados en los últimos 30 años por el narcotráfico y

por los actores del conflicto. Dos hechos emblemáticos de este asedio fueron, primero, la Toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M19 y su consiguiente retoma por el Ejército Nacional, hechos que causaron la muerte a los magistrados de las altas cortes. El segundo hecho fue la masacre de La Rochela en 1989, donde toda una misión de instrucción criminal que intentaba documentar las primeras matanzas de los paramilitares fue aniquilada. Amenazas, atentados, asesinatos han obstaculizado la justicia, pero también la debilidad del sistema judicial en las regiones lo ha hecho ineficiente, lento y en ocasiones ha sucumbido al poder de los grupos armados.

Otro factor crítico para que se instalara la impunidad ha sido la normalización de lo excepcional

y la militarización de la justicia. Colombia tuvo estados de Sitio durante casi todo el siglo pasado. En estos se utilizó el derecho penal para hacer frente a los problemas de orden público del país, o se les dio a los militares la potestad para juzgar civiles en tribunales militares hasta 1987. Esta extensión de la justicia penal militar a los civiles afectaba gravemente el debido proceso, dado que los jueces militares carecían de la imparcialidad necesaria para administrar justicia, y porque los consejos verbales no garantizaban una defensa efectiva de los acusados que no eran en su totalidad guerrilleros sino también líderes sociales, opositores políticos o intelectuales.

A principios de los años noventa, la fórmula se repitió de otra manera con el Estatuto para la De-

fensa de la Democracia que, aunque estaba pensada para hacerle frente al narcotráfico, terminó por convertir a la justicia sin rostro en una herramienta de la lucha contra los grupos insurgentes. Esta excepcionalidad tuvo impactos muy negativos para la democracia. Hubo masivas vulneraciones a los Derechos Humanos, se generó mayor impunidad y se desvalorizó el diálogo como camino para resolver el conflicto.

A pesar de la impunidad, el punitivismo y la excepcionalidad como incentivos para la guerra, la

justicia también le ha impuesto frenos a la ilegalidad a través de acciones protagónicas como las investigaciones sobre la parapolítica, el control constitucional de los estados de excepción que permitió derogar las zonas especiales de orden público o las zonas de rehabilitación y consolidación, o la revisión constitucional de decretos legislativos que permitieron poner límites a las Convivir en 1997 o cesar el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares en 1987.

Otra tensión que se ha mantenido entre guerra y justicia tiene que ver con el tratamiento que